Eran cerca de las 18:30 del 28 de diciembre de 2021 cuando un equipo policial, asignado al control antidelincuencial en Paján (Manabí), realizó un operativo.

Los uniformados se encontraban deteniendo vehículos y revisando posibles órdenes de detención en el Sistema Informático Integrado de la Policía (Siipne), con base en los números de identificación de las personas.

En La Cadena, cerca del límite entre las provincias de Guayas y Manabí, fue interceptado un automóvil gris.

Luego de verificar las cédulas de sus ocupantes, los agentes encontraron que había registrada una boleta de captura contra de uno de ellos.

Se trataba de Juan Carlos Izquierdo, agente fiscal asignado a Manabí. Izquierdo era la pareja de la modelo Naomi Arcentales, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 11 de diciembre de 2021, en un departamento en Manta.

Captura de pantalla del informe de la detención de Juan Carlos Izquierdo. Policia Nacional.

Inicialmente, el caso de Naomi fue tratado como un presunto suicidio. Sin embargo, la familia Arcentales señala que Izquierdo es el presunto responsable de la muerte y pide que se investigue un posible femicidio.

Por esta razón, el cuerpo de Naomi Arcentales fue exhumado y se realizó una segunda autopsia, de la que aún no se conocen los resultados.

Además, Izquierdo fue llamado a rendir su versión y la investigación ahora se lleva en Quito.

Casi cinco horas después de su detención en La Cadena, Izquierdo fue liberado. Y minutos después la Policía informó que el Siipne había sido hackeado.

Todo esto significaba que la orden de captura, que supuestamente había sido girada por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí, ingresó al sistema de manera fraudulenta.

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El Consejo de la Judicatura, además, explicó a PRIMICIAS que hay más inconsistencias respecto a la supuesta orden de detención de Izquierdo.

Primero, hay dos casos judiciales relacionados con Naomi Arcentales.

Uno es un proceso por presunta violencia sexual, que está sustanciándose en la Unidad de Violencia de Género de Manta.

En ese caso no está involucrado el fiscal Izquierdo. Por lo que la orden de captura no pudo salir de esa jurisdicción.

El segundo caso es el del presunto femicidio de Naomi, en el que Izquierdo fue llamado a rendir versión.

Pero este segundo caso todavía se encuentra en la etapa de investigación previa, es decir, es reservado y no está asignado a ninguna unidad judicial.

Además, según la Judicatura, en Manabí existen cuatro Tribunales de Garantías Penales: de Manta, Chone, Portoviejo y Bahía de Caráquez. Y no existe el supuesto Tribunal de Manabí.

También, al estar el caso en investigación previa, una orden de detención solo puede girarse con fines investigativos y dura 24 horas. En estos casos, la orden la emite un juez y no un Tribunal.

PRIMICIAS consultó a la Fiscalía si ha solicitado una orden de captura de este tipo. La entidad respondió que la Fiscalía Novena de Personas y Garantías no ha solicitado la detención con fines investigativos en contra de Izquierdo.

Cerca de las 18:00 del 29 de diciembre, la Policía dio a conocer más detalles del supuesto hackeo. La orden de detención habría sido creada desde el extranjero, bajo el uso no consentido de las credenciales de un agente policial.

Aunque es la primera vez que la Policía habla de un hackeo a su sistema informático, no es la primera ocasión en que hay problemas con este software.

Po otro lado, desde 2020 hubo otros problemas con los sistemas que maneja la Judicatura y que tienen relación con el manejo de las causas judiciales.

A continuación, tres errores que evidencian las vulnerabilidades y las debilidades de los sistemas de seguridad y justicia:

El 5 de octubre de 2020, el exasambleísta Virgilio Hernández fue detenido en un operativo policial de rutina. Luego de que los uniformados ingresaron su número de cédula al Siipne, el sistema reflejó una orden de detención.

La boleta la había girado la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en octubre de 2019. Pero dos horas y media después el actual parlamentario andino fue liberado.

Cuando en esa época se giró una orden de captura en su contra, Hernández no fue arrestado sino que se entregó voluntariamente. Incluso, estuvo preso cerca de dos meses.

Sin embargo, la orden de captura nunca fue retirada del sistema y la Policía la hizo efectiva otra vez.

En octubre de 2020, el Consejo de la Judicatura (CJ) estaba llevando el proceso para seleccionar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia.

En un inicio, el Consejo había previsto designar a los nuevos 16 jueces hasta el 15 de enero de 2021, pero la selección se alargó hasta febrero.

El retraso se debió, según la información oficial, a una falla técnica. Un recalentamiento en el data center de la Función Judicial provocó un apagón de ciertos equipos y servidores.

Entre ellos está el repositorio Hadoop, que almacena la información del concurso y también del Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje) y del Sistema de Pensiones Alimenticias

Por ese motivo, durante varios días, fue prácticamente imposible acceder a documentos en el sistema de causas judiciales.

En julio de 2021, el Consejo de la Judicatura (CJ) alertó sobre irregularidades en los sorteos de dos causas relacionadas con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien intentaba frenar su salida del cargo.

El 28 de junio de 2021, la jueza María Belén Domínguez concedió una acción de protección a Yunda, pues consideró que hubo una vulneración de sus derechos.

Juan José Morillo, vocal del CJ, explicó que la acción de protección resuelta por la jueza Domínguez fue presentada como un caso de violencia y, al ingresarla como violencia, las posibilidades de jueces que podían asumir el trámite se redujo de 215 a cuatro magistrados, entre los que estaba Domínguez.

Domínguez perdió su cargo y es procesada por tráfico de influencias. Las versiones de dos exfuncionarias judiciales confirmaron que ejecutaron acciones por orden directa de la procesada para que el sorteo de la acción constitucional recayera en su despacho, vulnerando el sistema.

Tras este escándalo, la Judicatura realizó una auditoría interna al sorteo de causas. El informe revisó 5.238 causas correspondientes al período comprendido entre el 29 de julio y el 10 de septiembre de 2021.

El análisis arrojó que la Dirección Provincial del CJ de Loja reportó una acción irregular en el proceso de sorteos, por parte de un técnico de ventanilla.

Se registró también la existencia de dos expedientes investigativos iniciados de oficio por la Dirección Provincial en el Ámbito Disciplinario de Guayas, debido a presuntas irregularidades registradas en el proceso de sorteo de causas.

Además, a inicios de diciembre de 2021, la Fiscalía alertó sobre otro caso con presunta irregularidad en el sorteo. Se trata de una acción de protección interpuesta por Ruth Barreno, vocal del CJ.

La Fiscalía dio por terminada una comisión de servicios a favor de Barreno, para que pueda fungir como vocal de la Judicatura. Y le solicitó regresar a su puesto como fiscal en Pastaza.

Sin embargo, Barreno llevó el caso a los tribunales. Pero el proceso se suspendió porque la Fiscalía recusó al juez que fue asignado para la causa, ya que se presume inconsistencias en el sorteo.

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