Lo que se está viviendo en México resultará dolorosamente familiar para miles de familias colombianas que experimentaron la violencia del narcotráfico en la década de los 90: ataques de sicarios contra civiles, bombas en negocios en barrios populares que explotan de manera sincronizada y quema de vehículos para aterrorizar a la población. Y aunque no se han visto de momento secuestros de figuras políticas, como se vio en Colombia durante esos años de terror, los expertos no descartan que esta práctica pueda adoptarse en el país.
Eso sí: ya se han visto ataques contra figuras como la del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Ómar García Harfuch, quien sobrevivió a un ataque de una veintena de hombres que le dispararon más de 400 veces a su camioneta blindada. Y ya hay registros de asesinatos de exgobernadores de estados como Colima y Jalisco.
“Hasta el día de hoy no se han presentado secuestros de la clase política o de familiares o de empresarios, pero no dudo, con base en las experiencias de Colombia, que se les ocurra replicar esta misma situación, incluso que se pueda repetir algo como lo que ocurrió con el avión de Avianca en 1989″, dice David Saucedo, experto en seguridad pública de México.
Saucedo tiene fuertes razones para creer que otras prácticas terroristas de los 90 en Colombia se pueden replicar en su país. Según investigaciones locales, exguerrilleros colombianos estarían entrenando y asesorando a los integrantes de carteles mexicanos como el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el de Los Cuinis, los más poderosos y violentos en el país. Para contrarrestar esto, dice el experto, las autoridades mexicanas le solicitaron ayuda a la Policía Nacional de Colombia para capacitarse en una guerra que se avecina. Pero ¿cómo fue que México terminó reproduciendo las escenas de Colombia?
En primer lugar, Saucedo dice que en una proporción es muy similar a lo que ocurrió con la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. En México los carteles han tenido tres etapas: la primera, en la que se dedicaban al tráfico de marihuana; la segunda, en la que sirvieron de intermediarios para el tráfico de cocaína en alianza con carteles colombianos; y la tercera, más actual, en la que alternan el flujo tradicional de venta de cocaína con las drogas de diseño, como la metanfetamina y ahora el fentanilo, que vienen desde mercados orientales como China, pero que ahora se fabrican en suelo mexicano.
“Esto último les ha permitido a los carteles mexicanos incrementar su capacidad financiera y sobrepasar las posibilidades de combate que tiene el estado mexicano, sino también en cierto sentido independizarse un poco de los flujos de droga de Sudamérica, especialmente de la cocaína que venía de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, que era para los carteles mexicanos su principal fuente de ingreso”, dice Saucedo.
Pero lo que llevó a la actual crisis de seguridad en el país no fue solo un conflicto entre grupos macrocriminales por el control del territorio. Así como se vio en Colombia en su momento, un elemento que encendió la crisis fue el debate sobre la extradición. Como señala Saucedo, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado una vuelta a su estrategia adoptada de “Abrazos no balazos”, con la que no perseguía a narcotraficantes de alto nivel. Ahora sí los está persiguiendo y los está tratando de extraditar a Estados Unidos. El gobierno mexicano se está plegando al gobierno de Washington y los narcotraficantes contestan con estas oleadas de narcoterrorismo para imponerle un costo al gobierno y evitar su extradición. El caso más conocido es el del capo Rafael Caro Quintero, quien enfrenta un proceso de extradición a EE. UU.
El proceso se ha visto pausado por varias razones, según Saucedo: “la corrupción del sistema judicial, con la posibilidad de que hayan comprado a los magistrados; la ineptitud del fiscal general, Alejandro Gertz Manero; o una tercera razón: que el mismo López Obrador esté reteniendo la extradición por la molestia que esta genera entre los narcotraficantes y por la negociación comercial en curso con Estados Unidos. El gobierno de EE. UU. demandó al mexicano por prácticas desleales y de comercio y por una modificación de la ley de materia energética que está afectando a empresas estadounidenses. Sobre ese escenario, pareciera que AMLO está tratando de intercambiar narcos mexicanos a cambio de concesiones comerciales. Esto es una situación muy maquiavélica, pero no me extrañaría en el caso de Andrés Manuel que así lo esté proponiendo”.
Pese a la violencia que se vive en el país, López Obrador ha guardado silencio. Su gobierno insiste en esconder el problema o restarle importancia y se jacta de que los homicidios dolosos han bajado respecto a 2021, aunque la cifra es igual penosa: 18.093 asesinatos durante lo que va de 2022.
“Ahorita lo que han estado haciendo desde el punto mediático es negar que haya un escenario de narcoterrorismo, que evidentemente lo hay. Esto es sobre todo por cuestiones de imagen, pues la fotografía de un país en llamas puede espantar las inversiones o el turismo”, dice el experto.
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Embajadas como la de Alemania, Canadá y Estados Unidos les han advertido a sus ciudadanos que no viajen a ciertas zonas de México, por lo que sí hay una razón para evitar la imagen de estado violento: que no impacte el turismo. Sin embargo, el silencio también se debe a que el gobierno no sabe qué hacer y está en una suerte de encrucijada.
Saucedo advierte que el Estado mexicano es incapaz de enfrentar al narco: “El presupuesto que invierte el gobierno en seguridad es muy reducido, tendría que aumentar por lo menos 10 puntos del PIB. El sistema judicial mexicano no estaba preparado para enfrentar a los carteles, sino para la delincuencia común. No hay jueces sin rostro a la italiana, no hay una ley de silla vacía de quitarle la posición política a quienes se vinculan con el narco, no hay normativas para enfrentar el sicariato en moto, no hay división antiterrorista, ni siquiera hay un aeropuerto como El Dorado de Bogotá con escáner de rayos X. El país no está preparado para esto”.
Aunque se requieren recursos para combatir al narcoterrorismo, hay toda una coyuntura político-electoral que hace más difícil que el presidente tome decisiones, porque enfrentar a los narcos tiene una consecuencia. “López Obrador tiene otras prioridades de carácter social hacia la población de menores recursos, y obras de infraestructura de alto costo, todo esto con objetivos político electoral. Tendría que reducir su presupuesto en salud y educación y eso no lo va a hacer porque vienen las elecciones en 2024 y su partido, Morena, buscará mantener el poder”, dice Saucedo.
Desde el punto de vista presupuestal tiene que haber más dinero y no habrá a menos de que venga del extranjero. El gobierno estadounidense creó un proyecto llamado la Iniciativa de Mérida, una suerte de Plan Colombia con el que Washington busca financiar capacitación y compra de equipos para enfrentar al narcotráfico en México. “Pero de eso no se ha visto un peso”, dice Saucedo. “El acuerdo era que el gobierno mexicano ponía los muertos y el estadounidense ponía el dinero. Al final México puso el dinero y los muertos”, lamenta.
Por ahora, México queda en un empate técnico entre las autoridades oficiales y el narcotráfico. “No creo que el gobierno federal esté en posición de derrotar a los narcotraficantes ni viceversa, aunque estos tienen control de regiones enteras en el país”, concluye el experto. El país necesita un revolcón en su estrategia para enfrentar la violencia. Si no se cambia el curso de esta historia, el desenlace podría ser el mismo que el de Colombia. Ya se está viendo.
“Ya tenemos nuestros propios grupos de autodefensa que se conforman con el mismo discurso con el que se conformaron los paramilitares en Colombia, diciendo que estaban para defender a empresarios, comerciantes y agricultores de los grupos del narcotráfico y con el tiempo también se convirtieron en criminales organizados. Lamentablemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el estado mexicano les dio el reconocimiento oficial e incluso les entregó armas y les entregó municiones porque supuestamente iban a ayudar en el combate de grupos del crimen organizado, lo cual no ocurrió. Ahorita ya se les desconoció e incluso hay algunos de sus líderes con orden de aprehensión. Sin embargo, con AMLO hay una actitud ambigua. Mi impresión es que no saben qué hacer con ellos, pues en algunos lugares alcanzaron un nivel de independencia que los hace ingobernables”, reflexiona Saucedo.
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