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El exdirector de la Federación, Amylkar Acosta, aseguró que no había varios oferentes para hacer una licitación
En junio de 2009 la compañía multinacional Phillip Morris firmó un convenio con la Federación Nacional de Departamentos. El objetivo era entregarles a las regiones una suma nada despreciable en dólares para que se generaran programas de fomento de la industria y otros que atacaran el contrabando de cigarrillos. Así, Phillip Morris pactó US$200 millones que serían girados a la Federación en un plazo de 20 años.
Siete años después, la compañía de talla mundial en tabaco tomó una decisión que sorprendió a los gobernadores y al propio presidente de FedeDepartamentos. Los giros que se venían haciendo año a año se detuvieron hasta que se aclararan algunas conductas posiblemente irregulares. Para ese año ya empezaban a discutirse supuestos manejos indebidos dentro de la Federación con los recursos de la Phillip y, al tiempo, se conoció dentro de un pequeño círculo de gobernadores el envío de un documento anónimo con una denuncia sobre presuntos hechos puntuales que tenían que ver con viajes a ver partidos de la Selección Colombia, uso indebido de la tarjeta de crédito de la Federación para compras personales y la asistencia a carnavales y fiestas de algunas regiones.
El documento de más de tres páginas fue enviado en su momento a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y Coltabaco. Allí se narraba también la firma de un contrato para el desarrollo de un software con la compañía Thomas Greg and Sons.
El contrato, en poder de La República y La FM fue firmado el 31 de octubre de 2016 y tenía el objeto de “entregar a la Federación una plataforma centralizada de información de impuesto al consumo y transferirle todos los derechos inherentes a la misma”.
Más adelante en el contrato hay una explicación sobre el origen del convenio. “En 2009, el gobierno de Colombia y los 32 departamentos más el distrito capital y la compañía colombiana de Tabaco, Philip Morris Colombia S.A. suscribieron un acuerdo de cooperación e inversión con el fin de financiar programas para mejorar la calidad de la semilla del tabaco y las técnicas de cultivo, garantizar un mercado para cantidades sustanciales de tabaco, cultivado localmente, y crear y operar un laboratorio del tabaco (…)”.
El documento explica que se acordaron US$99 millones para comprar, mantener y reparar equipos para la lucha del contrabando y la falsificación como máquinas de rayos X, escaneo, vehículos, cámaras de video y otros.
Otros US$20 millones se debían utilizar en sistemas de autenticación y licenciamiento comercial. Con ese fin, FedeDepartamentos consideró a través de una dirección creada para el convenio que era necesario el software para unificar el seguimiento al pago de los impuestos al tabaco de los 32 departamentos, y así poder evidenciar mejor los casos de contrabando. Las partes, FedeDepartamentos y la compañía elegida, Thomas Greg and Sons, pactaron la suma de $17.960 millones para la creación del software que tendría un plazo de tres meses.
El contrato explica que la modalidad de contratación fue directa, ante la “inexistencia de pluralidad de oferentes” y debido a que solo existía un oferente que podía cumplir con proveer el bien o servicio.
Thomas Greg and Sons finalmente desarrolló el software y lo entregó a la Federación en noviembre de ese mismo año, solo un mes después de la suscripción del contrato, pero la entidad no tenía lista la plataforma que debía operarlo y, aunque se pagó el total pactado (más de $17.000 millones), hasta 2019 solo se habían conectado seis de los 32 departamentos.
Finalmente, los inconvenientes quedaron resueltos con una conciliación que lideró el exdirector Carlos Camargo, hoy Defensor del Pueblo.
Sin embargo, la Procuraduría investigó los términos del contrato y llamó a Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y quien era el director de Fede Departamentos y firmó el contrato para 2016, para que responda por conductas disciplinarias tras presuntamente haber infringido los principios de eficiencia y transparencia en la contratación. El Ministerio Público cuestiona que no hubo licitación y la contratación fue directa.
La compañía Phillip Morris le había enviado a La República y a La FM un comunicado aceptando que en 2017 decidió suspender los giros millonarios establecidos en el convenio hasta que se aclararan las denuncias. “Durante la ejecución del acuerdo, en el año 2017 se evidenciaron algunas inconsistencias que la compañía puso en conocimiento de la Federación y las autoridades competentes, con el fin de que se determine si efectivamente existieron conductas jurídicamente reprochables”.
Además, explicaron que contrario a los esfuerzos de inversión, durante los años siguientes a la ejecución del software, los porcentajes de contrabando de cigarrillos subieron a máximos históricos en el país. “El contrabando se disparó en 2018 y alcanzó máximos de 25% del mercado. Entre 2016 y 2018 el contrabando prácticamente se duplicó, al registrar un crecimiento del 92%”, dijo Philip Morris.
El 27 de enero de 2017, tres meses después de firmar el contrato, Acosta renunció a la Federación denunciando presiones políticas. La Procuraduría tendrá que explicar en juicio cómo el exministro podría ser un funcionario sancionable porque la Federación no pertenece al organigrama del Estado. Aunque administra en casos puntuales recursos públicos de impuestos, es una organización semi privada que no le responde en la Constitución a la rama ejecutiva.
La República buscó al exministro y exdirector de la Federación, quien señaló que los recursos de ese contrato no eran públicos, sino privados, provenientes de una compañía del sector productivo. Y que, en cualquier caso, de acuerdo a su opinión, la contratación cumplió las normas públicas porque no había otro oferente que pudiera cumplir con el objeto, por lo que se hizo de forma directa.
Las autoridades no han entregado resultados sobre las otras denuncias de manejos irregulares registradas con los recursos de la empresa Philip Morris. ============Pie. FOTOGRAFO (37576347)============ c
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